La semana que viene, el Senado ratificará la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
El fin del ‘apartheid civil’ que supone la incapacitación legal de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo acerca España a la Convención de la ONU
• Plena inclusión y la AEFT (Asociación Española de Fundaciones Tutelares) reivindican la financiación pública de un sistema de apoyos que garantice el apoyo la toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad intelectual
• La adaptación de la normativa española a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una demanda histórica del movimiento de la discapacidad
Madrid, 6 de mayo de 2021.- El próximo 12 de mayo está previsto que el Pleno del Senado apruebe la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta decisión supondrá un gran cambio en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen, en este momento, su capacidad jurídica limitada por figuras como la tutela, la curatela o la patria potestad prorrogada o rehabilitada, así como para aquellas que precisen apoyos en la toma de decisiones.
Desde Plena inclusión y AEFT (Asociación Española de Fundaciones Tutelares) se valora este gran paso dado por el sistema jurídico español para alinearse con los tratados internacionales sobre derechos firmados por España. “La reforma de la legislación civil para su adaptación a la Convención de las ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, supone un cambio de gran calado. De este modo se devuelve la ciudadanía, secuestrada a muchas personas que nunca fueron consideradas como ciudadanas de pleno derecho, para que dejen de ser objetos sobre los que otros deciden y que puedan a empezar a gobernar sus vidas”, explican ambas organizaciones.
